En Latinoamérica urge una cultura antilavado de dinero

Entre las conclusiones de la VI Conferencia Internacional Antilavado de Dinero celebrada recientemente en Caracas, destacó la fragilidad de los sistemas financieros por la misma complejidad de los nuevos procesos, aunado a la crisis financiera y la paradoja de cómo algunas regulaciones hacen más permeable los mercados para los legitimadores de capitales que se esconden tras figuras políticas de alto nivel, banqueros y abogados

“Quienes lavan dinero no son los que conocemos como narcotraficantes, sino que son políticos, banqueros, abogados que están detrás de esas operaciones. No es el que trasiega la droga, sino un buen político funcionando en un buen puesto porque es el que tiene las regulaciones, el banquero porque es quien facilita, y el abogado porque es quien conoce los hoyos de la ley”, dijo el mexicano Carlos Ramírez, criminólogo y director de la firma Prisma Consulting Latinoamérica, durante la VI Conferencia Internacional Antilavado de Dinero y contra el Financiamiento al Terrorismo celebrada en Caracas.

“No existe una cultura antilavado bien formada en Latinoamérica”, agregó. “Estamos en ese proceso donde se hace necesario atacar los altos niveles de gobierno, sean del partido que sean, y también al sector privado que participa y se beneficia de ello”, y al igual que Colombia, comparó el especialista, esto forma parte de una decisión política que deben tomar los Estados de la región para combatir con eficacia el blanqueo de dinero.

En la misma dirección, Alejandro Rebolledo, experto y consultor venezolano del Instituto de Altos Estudios Profesionales, explicó que se va conformando una cadena en la medida que falta más adiestramiento y formación, volviendo más complejo el panorama cuando “en los altos niveles no tienen idea de este tema, pese a que el delito contra la corrupción no prescribe, y cualquiera puede resultar salpicado. Con el poder que se maneja en este momento desde las instancias de gobierno, cualquiera podría mañana ser autor, coautor, cómplice, cómplice necesario o encubridor, y el delito por corrupción no prescribe”, según el artículo 271 de la Constitución Nacional venezolana.

Por su parte Mónica Jiménez, experta financiera para el Programa de Asistencia Legal para América Latina y el Caribe de la Oficina de ONU contra la Droga y el Delito, mencionó que el lavado de dinero “está asociado no sólo al narcotráfico, sino a todas aquellas actividades que generen recursos ilícitos como la trata de blancas y la corrupción; así como todo lo que tiene que ver con procesos de extorsión, tráfico de armas, y delitos de administración pública contra entidades financieras”.

Al igual que en América Latina, el especialista y académico español Antonio García Noriega señaló que Europa vive uno de sus peores momentos en cuanto a la legitimación de capitales por corrupción, debido al uso de facultades discrecionales que tienen los órganos administrativos en el ejercicio de sus competencias. En este sentido, William Chinchilla de Costa Rica enfatizó que “algunos países han ido creciendo en normativa y no quiere decir que crecer en normativa dé garantías de eficiencia. Tenemos países con normativas muy modernas pero su aplicación es ineficiente, se sigue lavando dinero. Es un asunto de conciencia, un tema de convicción, que debe comenzar desde la planta asesora política al educar no sólo el sistema financiero, sino incluso al ciudadano común.

En Latinoamérica, el aumento del lavado de dinero ha sido detectado por los entes regulatorios con el crecimiento de los reportes de actividades sospechosas en 6 de las economías más importantes de la región: México, Brasil, Colombia, Perú, Ecuador y Venezuela.

En el caso especifico de Venezuela, la Unidad de Inteligencia Financiera adscrita a la Superintendencia de Bancos (Sudeban), observó 705 casos en el segundo semestre de 2009, que elevaron a 13,34% las cifras de lavado de dinero, con respecto al mismo período del año anterior.